©/2 Antonio Miguel Nogués Pedregal (2013)
Publicado en Información el 3 de octubre de 2013
Hace un par de días, la lectura en el Huffington Post de una columna titulada ‘La universidad española y lo malo conocido’, me animó a escribir el siguiente comentario sobre la situación de la universidad española y su necesaria reforma:
Es cierto que debemos reformar, de manera radical -esto es, desde las raíces-, la universidad española. Es cierto también que no quedamos bien clasificados según los criterios hegemonizados ni, probablemente, según ningún otro tipo de criterio que pudiéramos encontrar. Es cierto también que el nepotismo en la universidad, como en otras tantísimas esferas de la sociedad española en la que el «capital social» (o sea, a quien conoces) tiene tanta relevancia, ha lastrado (ya no tanto) durante muchos decenios la formación de plantillas universitarias competitivas, al igual que ocurre en otras tantas esferas del tejido productivo español con mucho más presupuesto que la universidad (Bankia, Invercaria, o incluso en la empresa familiar). Es cierto también que la multiplicación de centros universitarios no se ha realizado, precisamente, con demasiada sensatez y que podríamos aprovechar mejor -de manera más eficaz-, los recursos financieros y de infraestructuras de las que disponemos ahora. Todo esto es cierto pero -y entiéndame-, es lo que hay; este es el punto irrenunciable del que partimos ya que la tabula rasa no puede ser una opción.
El reto es reformar la universidad española de manera progresiva pero no agresiva, porque un centro de investigación y/o de educación superior no es un bar (con todo mi respeto y admiración por el sector de la hostelería y el turismo) que al poco de abrir ya está sirviendo un café excelente. Para una reforma así hace falta mucho más presupuesto del que actualmente tenemos [según la CRUE España destina a la I+D+i casi un punto menos que la media de la OCDE] y, muy importante, un compromiso político por la enseñanza pública que sea constante en el tiempo: la educación y la investigación no admiten altibajos. Aunque sobre todo es imprescindible una apuesta social y económica -un acuerdo y un consenso- por una verdadera gestión autónoma universitaria que -y este es el obstáculo que se me presenta insalvable- esté alejada del papanatismo provinciano y de absoluta mediocridad que lastra la partitocracia que asola España. Si la carrera y remuneración de los gestores universitarios dependiesen de los resultados académicos de la institución que dirigen, es más que probable que los vicios de origen se fuesen corrigiendo progresivamente.
El problema que debemos enfrentar no es el nepotismo de los departamentos como causa de todos los males (socorrido recurso del filibusterismo que pretende acabar con la enseñanza pública subrayando solo sus debilidades), sino (a) un sistema de financiación precario que, curiosamente, nunca aparece como criterio en ninguna de esas calificaciones internacionales y, muy especialmente, (b) la inexistencia de unas estructuras de partidos con la suficiente altura de miras como para comprometerse con una reforma de este calado SIN querer imponer ni sus principios ideológicos, ni sus testaferros al frente de los centros. La reforma es muy necesaria sí, ciertamente; pero la sociedad en su conjunto debe aceptar que esta no se puede hacer ni a coste cero (véase por ejemplo la adaptación a Bolonia) ni afectando a la estabilidad de la carrera académica del personal docente e investigador, y los administradores de la cosa pública deben asumir que la universidad NO es un campo para la confrontación partidista y garantizar que la libertad de cátedra siga siendo un derecho inajenable. [Sobre este punto es interesante comparar las distintas posturas que se plantean en la selección del PDI (Cap. I) y sobre el gobierno de las universidades (Cap. III) y que se recogen en el Informe del comité de expertos para la reforma del sistema universitario español y en la Adenda realizada por los profesores Alzaga Villamil y Urrea Corres, y que fueron entregados al ministro Wert el 12 de febrero de 2013].
©/2 es el símbolo de la Ley de compartición de la propiedad intelectual que establece en su artículo primero y único que: «La producción intelectual nace con el propósito de ser compartida y, en consecuencia, puede ser reproducida por cualquier medio siempre que el usufructuario asegure la correcta utilización de la misma, no la comercialice, y mencione su procedencia y autoría».