©/2 Antonio Miguel Nogués Pedregal (2009)
Dado que de momento ni la reducción de plantilla es factible, ni la privatización aceptable, ni la relocalización aconsejable, no parece que haya otra solución que buscar una alternativa al modelo de financiación tradicional basada únicamente en fondos públicos.Y esto, no otra cosa, es la reforma de Bolonia. Las constantes referencias a la calidad de la enseñanza, a la movilidad de los estudiantes, a la convergencia con el modelo europeo de educación superior, a la equivalencia en los grados y los posgrados, a la desaparición de las diplomaturas y las licenciaturas, a una modernización de los sistemas de enseñanza y de los modelos docentes, en la adaptación a los créditos europeos (ECTS) o a la elaboración de nuevos planes de estudio, no son sino los árboles que atraen la mirada y los discursos de los distraidos tertulianos, y que nos sustraen del verdadero problema sobre el que habría que debatir en las asambleas estudiantiles, en los medios de comunicación, en los foros académicos y, sobre todo, en el parlamento: encontrar las medidas y cauces necesarios para mejorar e incrementar la financiacion pública o, en su defecto, para incentivar y facilitar la entrada del sector privado en el sostenimiento de nuestro sistema de universidad pública sin que aquél lo fagocite.
De ahí que, como el aumento de los fondos públicos está descartado, sea vital, en el sentido más estricto del término, encontrar fórmulas que promuevan el acercamiento entre universidad y su entorno socio-económico más inmediato. Cualquiera de las fórmulas elegidas deberá asegurar, en virtud del principio de reciprocidad, que el beneficio sea mutuo: la universidad aporta su capital simbólico y sus potencialidades económicas, atrayendo población juvenil a las ciudades, reactivando el consumo y revitalizando los servicios auxiliares, prestigiando la agenda cultural, internacionalizando la localidad, mejorando la oferta educativa, etc. Por su parte, el tejido socio-empresarial inyecta, en forma de convenios y contratos, el capital necesario para incentivar la potencialidad investigadora del personal universitario y, por tanto, coadyuvar al mantenimiento de toda la infraestructura docente y administrativa necesaria para proseguir con la labor educativa. Esta comunicación entre universidad y empresa será más fluida cuanto más capital y más transferencia tecnológica (sea en forma de estudios, informes, prototipos, investigaciones aplicadas o clientes de banca) circulen por ella en uno y otro sentido. Hasta aquí todo parece estar claro.
Sin embargo, parece lógico, que el capital, entonces, ajuste algunas condiciones y exija que se aclaren algunos puntos importantes. La primera y más importante condición es la definición estratégica del papel de la Universidad. De acuerdo con el modelo hegemónico de sociedad, la pregunta se formula en los siguientes términos: ¿cuál es la función última que debe desempeñar la universidad en la sociedad actual? Como no existe una única respuesta, la que cada uno ofrece depende de la posición ideológica desde la que piense. Así, del universo de respuestas posibles, la que de momento se consolida como única válida es la que afirma que la función última de la universidad es la de formar profesionales que se adapten a las siempre cambiantes circunstancias de un mercado laboral globalizado y con una fuerte tendencia a la precariedad e inestabilidad. Un mercado que es, a la vez, el actor que define y produce necesidades, y, también, el único medio a través del cual se puede encontrar satisfacción a las mismas.
En consonancia con esta función, la universidad debe retornar a la sociedad en forma de estudiantes cualificados, lo que de ella ha tomado en forma de inversión para recursos humanos, y materiales e infraestructuras docentes e investigadoras. Así, privilegiando la formación de los estudiantes en competencias (habilidades, aptitudes y conocimientos) en vez de solamente en conocimientos como antaño, se mejorará la versatilidad de los futuros trabajadores y, por tanto, se incrementará sus posibilidades para encontrar sucesivos empleo a lo largo de su vida laboral. Por ello, la versatilidad, que deberá ser tanto de carácter profesional como de índole geográfica, es la principal característica laboral que demanda la situación de esta modalidad de mercado global.
La segunda condición hace referencia a cómo se va a conseguir lo anterior. Siguiendo las pautas marcadas por los nuevos tiempos, la financiación de la universidad no puede seguir siendo un pozo sin fondo y, por tanto, al igual que el resto de empresas y trabajadores, la universidad y los profesores también deben rendir cuentas. En vista de esto, y dada la continua merma en los recursos financieros que el modelo neo-liberal destina a los fundamentos de una sociedad (educación y sanidad), el nuevo sistema de financiación contempla que las universidades tengan que competir entre ellas por la obtención de recursos publicos y privados en el marco de un modelo que, en una sociedad democrática, debe ser transparente y, de acuerdo con la filosofía empresarial vigente, estar también en función de unos objetivos cuantificables y contrastables. El salario por objetivos es una de las características que definen a las empresas innovadoras y competitivas en las que los estudiantes universitarios de hoy y trabajadores cualificados de mañana, tendrán que desarrollar su labor profesional. Bueno es pues, que la universidad, en tanto que empresa, pase a regirse por los principios de la competitividad, la innovación y la financiación por objetivos, los profesores (funcionarios y laborales) de acuerdo con modalidades retributivas más plurales, y los estudiantes a labrarse su futuro financiándose sus propios estudios .
Derivado necesariamente de las dos condiciones anteriores, aparecen aspectos técnicos y académicos de menor importancia. Por un lado, está la modernización de los procesos de gestión y administración mediante la aplicación de modelos protocolizados de calidad. Por otro, la elaboración de nuevos planes de estudio de grado y posgrado pero, eso sí, contando solo con los recursos disponibles lo que, indefectiblemente, sirve para perpetuar el viejo sistema clientelar de reproducción académica que tiene sumida a buena parte de la universidad española en la mediocridad. Pero no voy a desarrollar estos aspectos aquí.
En definitiva, hay que huir de los lugares comunes que redireccionan el debate hacia la grandilocuencia de términos vacios como “calidad y mejora de la enseñanza”, “movilidad estudiantil” (que no movilización) o “convergencia con Europa”. La reconversión de Bolonia no es una adaptación curricular, es un proceso para adaptar las estructuras universitarias a la nueva definición de cuál es la función última de la universidad; realizada ésta en virtud de un modelo de financiación que viene marcado desde la economía política del entramado neo-liberal.
Hasta aquí el relato de los hechos. Desde aquí, la obligación de «pensar contra las ideas» (que diría Agustín García Calvo), formular preguntas incisivas y proponer alternativas que, aunque no detengan el proceso, sí lo contaminen un poco.
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